Al 31 de mayo de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) ha alcanzado la tasa más alta de ejecución presupuestal en inversiones de los últimos cinco años, con un total de S/ 1,559 millones ejecutados. Esta cifra posiciona al sector Educación como uno de los principales motores de la inversión pública nacional, reflejando un compromiso concreto por mejorar las condiciones de aprendizaje en todo el país.

“Esta es una muestra clara del compromiso del Gobierno con nuestros estudiantes. Estamos trabajando para cerrar la brecha en infraestructura educativa y llevar escuelas modernas y bien equipadas a cada rincón del país”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero.

Con un 38.1 % de avance en la ejecución presupuestal en el rubro de inversiones, el Minedu se ubica en el quinto lugar entre todos los sectores del Estado. Las proyecciones para el resto del año son positivas, lo que permitiría escalar aún más posiciones en el ranking de ejecución pública.

Un factor clave en este avance ha sido el programa Escuelas Bicentenario, que ya ha entregado 144 instituciones educativas completamente renovadas, beneficiando a más de 106,000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria. Solo en Lima Metropolitana, Callao y Junín, ya están operativas 38 escuelas con infraestructura moderna, segura y equipada para el aprendizaje del siglo XXI.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) también ha contribuido significativamente, ejecutando más de S/ 88.5 millones en obras de construcción y mejora de colegios públicos en Lima y diversas regiones. Estas inversiones buscan no solo resolver problemas de infraestructura, sino crear espacios dignos, seguros e inclusivos para miles de escolares.

Por su parte, las 54 universidades públicas del país han destinado más de S/ 380 millones en mejoras de infraestructura y equipamiento, fortaleciendo así la calidad de la educación superior. A ello se suma la inversión del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica (PMESUT), que ha ejecutado S/ 33.9 millones para impulsar la educación tecnológica y técnico-productiva.

Estos esfuerzos articulados reflejan una política sostenida para garantizar el derecho a una educación de calidad en todos los niveles. Más allá de las cifras, la prioridad está puesta en el futuro de los niños, niñas y jóvenes del país.

“El trabajo continúa, siempre pensando en brindarles a nuestros estudiantes un lugar digno donde crecer, aprender y construir sus sueños”, concluyó el titular del sector.

No podrá ser presidente, pero al menos su partido sigue en carrera. El expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado por 10 años por cerrar el Congreso, continuará al frente su partido Perú Primero, luego que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara una denuncia de la exprocuradora Katherine Ampuero por presuntas firmas falsas presentada por su partido para su inscripción.

Ampuero denunció al partido del ‘Lagarto’ Vizcarra basándose en reportajes periodísticos que daban cuenta de que se habrían presentado fichas de afiliación con miles de firmas provenientes de un solo puño, de acuerdo a un informe del Reniec. Similar situación ocurría en los partidos Primero La Gente y Perú Moderno, solicitándose la nulidad de sus inscripciones.

En el caso del partido de Martín Vizcarra se dio a conocer que cinco mil fichas de afiliaciones contenían firmas de un mismo puño. Cabe precisar que dichas fichas no fueron consideradas para el conteo de los 25.000 adherentes para lograr la inscripción, aunque ello no evitó que de todos modos se dieran casos de afiliaciones indebidas.

“Presunciones”

De acuerdo a la resolución del ROP, no se ha verificado que los ciudadanos que declararon en medios de comunicación que fueron afiliados indebidamente «efectivamente no hayan manifestado su consentimiento suscribiendo una ficha para su afiliación”.

Y es que, el pleno del JNE estableció en enero de este año, antes de que explote el escándalo de firmas falsas, que no bastaba la palabra del ciudadano presuntamente afiliado indebidamente a un partido para proceder a excluirlo del padrón de un partido. El afectado tiene que probar la afiliación indebida presentando una pericia grafo técnica.

El dato:

La resolución de la dirección nacional del ROP no puede ser apelada, de acuerdo a la jurisprudencia del JNE.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz una serie de irregularidades en la ejecución contractual del servicio de grúas de remolque y carga lateral, así como del depósito vehicular de la Municipalidad de Barranco. El informe de Hito de Control N° 004-2025-OCI/2166-SCC identificó cinco situaciones adversas que ponen en entredicho el cumplimiento de los términos establecidos en el contrato público N° 001-2023-CS-MDB-1. Los hallazgos no solo evidencian fallas administrativas, sino también negligencias que afectan la calidad del servicio de depósito vehicular y grúas, así como la seguridad de los ciudadanos.

Grúas sin identificación y sin equipamiento completo

El pasado 10 de marzo de 2025, una Comisión de Control Concurrente realizó una inspección en el marco del procedimiento de verificación del cumplimiento contractual. En el lugar, se encontró que los vehículos grúa con placas BNY-933 y BCK-701 no contaban con numeración visible, incumpliendo así lo estipulado en las bases integradas, que exigen que las grúas lleven el logo de la municipalidad y una numeración claramente visible en la carrocería para su fácil identificación.

De acuerdo con el testimonio del Coordinador de Fiscalización, los vehículos eran identificados de manera informal como «vehículo 1» y «vehículo 2», lo que representa una clara trasgresión de lo pactado en el contrato, que señala: “El contratista se encargará de que las grúas lleven el logo de la Municipalidad y un numero en el lugar de la carrocería para que estas puedan ser identificadas”. Este punto no es menor: la ausencia de numeración y logos oficiales no solo dificulta la supervisión ciudadana, sino que debilita los mecanismos de transparencia y control del servicio prestado.

La revisión visual dejó aún más preocupaciones. Mientras la grúa BCK-701 mostraba el logo de la Municipalidad de Barranco en su parte frontal, la unidad BNY-933 carecía completamente de dicha identificación. Además, se detectó que la primera no contaba con su caja de herramientas, disponiendo únicamente de una llave de ruedas, incumpliendo los requerimientos mínimos establecidos en las bases integradas. Estas exigen que cada grúa esté equipada con accesorios esenciales como llanta de repuesto, caja de herramientas y llave de ruedas. Irónicamente, fue la unidad BNY-933 que sí portaba la caja de herramientas la que el contratista había reportado como “completamente equipada”, pese a que las evidencias mostraban lo contrario.

Estos hechos evidenciados, indican que el contratista incumplió con los términos establecidos en las bases integradas de los documentos contractuales. Y como consecuencia de ello se genera el riesgo de que los vehículos grúas no puedan ser identificados rápidamente por cualquier vecino del distrito de Barranco, así como la limitada acción ante la necesidad de usar alguna herramienta ante una situación de urgencia, dándose así un servicio que no corresponde a lo requerido.

Chofer sin protección ni identificación

Otra de las fallas alarmantes detectadas fue la condición laboral del chofer Ulises López Berrú, trabajador de la empresa contratista. Durante la visita, se comprobó que López no portaba equipo de protección personal ni fotocheck físico, en abierta vulneración del numeral 10 y 11 de las bases integradas, que señala que: “El contratista proporcionará a su personal un carné de identificación con su fotografía, el cual deben portar a la presentación y durante la ejecución del servicio”. Estas disposiciones exigen que el personal cuente con un carné de identificación con fotografía y con el equipo de seguridad necesario durante la ejecución del servicio”.

La ausencia de estos elementos pone en riesgo tanto la integridad del trabajador como la adecuada ejecución de un servicio que implica el uso de maquinaria pesada y situaciones operativas de emergencia: “El contratista es responsable de brindar a su personal el equipo de seguridad necesario”.

Depósito vehicular en estado deplorable

La Comisión de Control también inspeccionó las instalaciones del depósito vehicular municipal, encontrando baños completamente sucios, con polvo acumulado y manchas visibles en el piso. Este hallazgo pone en evidencia la falta de limpieza y mantenimiento de un espacio que debe garantizar condiciones mínimas de salubridad, tanto para el personal como para los ciudadanos que acuden a recoger sus vehículos secuestrados.

Según las bases contractuales, los “Servicios higiénicos deben estar en buen estado y limpios, tanto para el personal que labore en el depósito, como para los ciudadanos que vengan a retirar los vehículos”. Pero lo verificado dista mucho de esa exigencia. Este descuido no solo compromete la salud pública, sino que refleja el desinterés del contratista por cumplir los estándares básicos del servicio.

Coordinador ausente y asistentes sin formación ni acreditación

Uno de los hallazgos más cuestionables tiene que ver con la ausencia del Coordinador designado por el contratista, Arturo Turriate Solimano. Según el informe, durante la visita del 10 de marzo, el señor Turriate no se encontraba en el depósito municipal y recién se presentó alrededor de la 10:30 a. m., mucho después de iniciada la supervisión. En su lugar, se encontraba Christian Felipe Vera Paniccia, quien se presentó como asistente del Coordinador.

La situación se agrava cuando se verifica que Vera Paniccia no figura en el registro de grados y títulos de Sunedu, ni cuenta con certificados validados por el Ministerio de Educación. La presencia de personal no calificado y no registrado compromete seriamente la legitimidad de la gestión operativa del servicio de la empresa contratista.

Pero los problemas no terminan ahí. El 14 de marzo, durante una segunda visita, la Comisión de Control solo encontró presentes a los choferes y a Javier Alejandro Mendoza Huamán, otro supuesto asistente del Coordinador Turriate. Mendoza admitió no saber el paradero de su superior y, al ser consultado sobre su experiencia, afirmó tener 2 años y medio como asistente de grúas, bajo un contrato suscrito con Green City Miraflores, empresa que prestó el mismo servicio a la Municipalidad Distrital de Miraflores, sin presentar pruebas de estar calificado para el cargo actual.

Ninguno de los asistentes cumplía con los requisitos establecidos: ser profesional titulado en Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines y contar con al menos un (1) año de experiencia como supervisor en depósitos vehiculares. Criterios que también forman parte de los “Requisitos de calificación”.

Esta falta de idoneidad no es solo una omisión administrativa: es una vulneración directa a las normas del contrato, que impacta negativamente en la eficiencia y legalidad del servicio ofrecido, porque incumplen con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, que señala que “El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato”.

Servicio operando con grúas no autorizadas

El quinto hallazgo detectado por la Contraloría es, quizás, el más grave: el servicio se venía ejecutando con una grúa que no fue acreditada para la suscripción del contrato y que tampoco fue validada por el área usuaria de la Municipalidad de Barranco. En concreto, la grúa de placa BCK-701 solo fue aprobada por la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, mas no por la Subgerencia de Fiscalización y Coactivo Administrativo, encargada directa del servicio.

Este detalle administrativo es crucial, ya que, sin la conformidad del área usuaria, el contrato carece de sustento operativo. Más aún, cuando se consulta al supervisor designado por la municipalidad, Ricardo Gordillo Guadalupe, si conocía las condiciones del contrato, su respuesta fue negativa. Gordillo admitió no haber sido informado, a pesar de que él es el responsable de velar por el correcto funcionamiento del servicio.

Esta confesión evidencia una preocupante cadena de desinformación y descoordinación dentro de la gestión municipal. Gordillo tampoco contaba con documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como registros de horarios, turnos, cambios de conductores, ni informes sobre denuncias o incidentes ocurridos durante la operación del servicio.

Un contrato lleno de vacíos y omisiones

La sumatoria de estas situaciones adversas no solo representa un incumplimiento contractual, sino también una posible falta de vigilancia por parte de la entidad edil. Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, “el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato”. En este caso, la Contraloría ha concluido que el contratista viene incumpliendo reiteradamente los términos pactados.

Estas fallas impactan directamente en la calidad del servicio y ponen en riesgo la continuidad de un sistema que, por su naturaleza, debe operar con eficiencia, transparencia y legalidad; sin embargo, durante los últimos meses, el servicio de las grúas viene siendo seriamente cuestionado por los vecinos barranquinos.

Conclusiones y advertencias de la Contraloría

El informe de Control Concurrente al Hito de Control N° 1, desarrollado durante la segunda semana de marzo, identificó cinco situaciones adversas descritas en líneas anteriores, que afectan la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del servicio de grúas y depósito vehicular.

Ante este irregular panorama, el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Barranco, Ángel Jesús Barrera Castro, remitió el informe a la alcaldesa Jessica Vargas, exhortándola a tomar acciones preventivas y correctivas dentro del ámbito de sus competencias. El objetivo: asegurar la continuidad del servicio y evitar consecuencias mayores en la gestión municipal.

¿Y ahora qué?

El escándalo desatado por este informe pone en entredicho no solo al contratista, sino también a la propia Municipalidad de Barranco. ¿Cómo se firmó un contrato sin verificar todos los requisitos? ¿Por qué se permitió operar con grúas no acreditadas? ¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios municipales en esta cadena de errores?

La ciudadanía, y en especial los vecinos barranquinos merecen respuestas. Y, sobre todo, merecen un servicio público transparente y eficiente. El informe siempre estuvo sobre la mesa. Ahora le toca a la alcaldesa actuar.

Resultaba lógico que al estar en prisión ya no se le podía brindar ciertos beneficios. El pasado mes de abril, el Poder Judicial (PJ) condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala Tasso al hallársele culpable del delito de lavado de activos, en relación a los aportes ilegales provenientes de Venezuela y de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S., las mismas que estaban destinadas a financiar sus campañas presidenciales del 2006 y el 2011.

Ante ese fallo judicial, la Mesa Directiva del Congreso suspendió el apoyo logístico y de personal que se le venía brindando al ex mandatario; tal apoyo constaba de prestarle un vehículo, la dotación de combustible, así como la asignación de una persona en la modalidad C.A.S.

“Dada la situación del expresidente Ollanta Moisés Humala Tasso, quien viene cumpliendo prisión efectiva, la Mesa Directiva tiene la facultad de suspender o cancelar los beneficios otorgados a los expresidentes de la República mediante el citado Acuerdo de Mesa, por cuanto los mismos fueron concedidos a título de liberalidad”, se lee en el acuerdo.

Pensión vitalicia permanece intacta

A pesar de habérsele suspendido esos beneficios presidenciales, la Mesa Directiva indicó que optó por no retirarle su pensión vitalicia, ya que ese beneficio se encuentra enmarcado dentro de la Ley 26519 y por ende no se encuentran facultados para su suspensión.

Cabe recordar que el expresidente Alberto Fujimori estableció tal pensión a partir de 1995, promulgando la citada Ley. En la actualidad tal beneficio asciende a 15,600 soles, de los cuales se le entregará de por vida a un ex mandatario.

Recientemente, se tuvo conocimiento que la presidenta Dina Boluarte quiere subir el sueldo presidencial a más de 35 mil soles y por consecuencia la pensión vitalicia también se incrementaría.

En la mañana de ayer la Comisión de Economía del Congreso encabezada por el congresista Ilich López, recibió al superintendente de Banca y seguros y a la presidenta se la asociación de AFP. Tecnócratas versus legisladores en eso se puede resumir la sesión, o mejor dicho cómo razonar con emociones sin timón y el delirio.

Sobró la demagogia, desde una crítica feroz que más parecía ataque frontal de los parlamentarios a la representante de las AFP, Ana Cecilia Jara. Un López rayante en la exasperación dramática levantaba la voz exigiendo a la representante le diera la ubicación de los fondos de las AFP. Conversamos con Ana Cecilia Jara brevemente a su salida de la sesión y coincidió con la tesis del que escribe que revelar los nombres de las entidades (sean empresas, fondos soberanos o privados, especialmente los invertidos en el Perú) tendría un efecto negativo, porque en el actual contexto llevaría a una devaluación de dichas inversiones lo cual complicaría una venta a mayor rentabilidad. 

Conversamos con el superintendente de la SBS que mencionó que dicho retiro significaría un retroceso significativo en el desarrollo interno. No negaba que en un futuro cercano sin pensiones privadas podría el Estado tener que encargarse de asumir dicho costo lo cual se traduciría en mayor endeudamiento. Pero su mayor preocupación ahora es para el superintendente que precisamente este retiro ocurra solo meses antes de que Perú participe en un importante foro internacional, el de la OCDE, al que Perú busca adherirse pero que después de esto podría verse trunco dicho ingreso.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tiene actualmente 38 países miembros. Estos países incluyen economías avanzadas y emergentes. Es decir es el club de los países con rentas medias, pertenecer a este organismo significaría que Perú es un país destino para inversionistas globales. Entre sus miembros se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. 

Perú se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El país fue invitado a iniciar este proceso en enero de 2022 y el Gobierno peruano lo aceptó, dando inicio a la Hoja de Ruta para la adhesión. Perú ha expresado su interés en ser miembro de la OCDE desde 2012 y ha sido una política de Estado sostenida por diversos gobiernos. Se firmó el «Acuerdo de Adhesión» entre la OCDE y Perú, y Perú depositó el instrumento de adhesión para convertirse oficialmente en miembro. Está a la espera de ser incluído. Pero para ellos debe cumplir con requerimientos como:

Fortalecimiento institucional:

La adhesión a la OCDE es una oportunidad para emprender reformas sustantivas de gestión y políticas públicas, orientadas al fortalecimiento institucional del Estado. 

Desarrollo inclusivo y sostenible:

Perú busca orientarse hacia un desarrollo inclusivo y sostenible a través de la adopción de los estándares de la OCDE. 

Alineación con valores de la OCDE:

Perú se identifica con los valores de la OCDE, como la economía abierta, el Estado de derecho, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la transparencia fiscal. 

Recientemente hoy, la ministra de comercio exterior informó que Perú viene avanzando en las negociaciones de adhesión respecto al marco comercial.

“Formar parte de la OCDE es fundamental para nosotros. Ser una economía OCDE, con los estándares de este bloque, nos permite no solo generar más oportunidades para nuestros exportadores sino también dar seguridades en la aplicación de las reglas de comercio”, aseveró. 

La ministra León declaró desde París (Francia), ciudad donde se celebra la Reunión del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a nivel ministerial. 

El retiro de las AFP significaría faltar a los valores de la OCDE como es el tener una economía abierta y brindar seguridad jurídica, toda vez que las pensiones privadas con este retiro llevarían a un retiro masivo que haría inexistente el futuro para los peruanos (un universo de 8 millones de afectados). Siendo así resulta difícil que Perú sea admitido en dicha organización al no cumplir los requisitos a los que pretende adherirse.

Visto así , el Perú perdería una oportunidad de oro, pero sobre todo renunciaría al futuro de millones de peruanos que estarían expuestos a simplemente no tener pensiones. Porque si bien las AFP abusaron de su posición por años y superintendencia hizo poco, tener que pasar de una pensión de 600 o 300 soles a no tener absolutamente nada, eso sí que es ir de la sartén al fuego.

La reciente publicación de esta norma, que “Aprueba la modificación del Manual de Clasificador de Cargos del Ministerio de Educación” representa un punto de inflexión preocupante en la interpretación del principio de idoneidad previsto en la Ley N.° 31419, norma que regula la gestión de intereses y la designación de funcionarios públicos. Más que una mejora técnica, esta modificación parece ser una confesión de carácter político: permite que operadores políticos —por haber sido asesores o integrantes de círculos de poder— presenten esa experiencia como mérito para ocupar puestos con alto perfil técnico y gerencial.  

Las funciones asignadas a los Viceministerios y a la Secretaría General del MINEDU evidencian el peso estructural, técnico y político de estas posiciones:

El/la Viceministro(a) de Gestión Institucional es responsable de formular, coordinar y supervisar políticas relacionadas con infraestructura, equipamiento, becas y créditos educativos, mantenimiento escolar así como de la articulación con instancias de gestión educativa descentralizada. Además, dirige los programas nacionales y representa al Ministro cuando corresponde.

El/la Viceministro(a) de Gestión Pedagógica lidera la implementación del Currículo Nacional, define los planes de formación y evaluación docente, y orienta la política de aseguramiento de la calidad en la educación básica y superior. También dirige acciones para garantizar el acceso, permanencia y culminación de estudios, y supervisa el funcionamiento del sistema de educación técnica y superior.

• El/la Secretario(a) General, por su parte, tiene bajo su mando la conducción administrativa del Ministerio. Supervisa los órganos de apoyo, emite resoluciones y directivas administrativas, coordina la gestión documentaria y vela por el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control.

Lo cierto es que los partidos aliados al gobierno de Dina Boluarte tienen intereses evidentes en introducir cambios sensibles en el Currículo Nacional, y han reactivado su agenda desde una mirada conservadora que busca redefinir contenidos clave relacionados con ciudadanía y derechos humanos en los textos escolares.

Ministerio de Educación del Perú. (2025). Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU: Equivalencia de experiencia específica.

A diferencia de lo dispuesto por la anterior Resolución de Secretaría General N.° 197-2022-MINEDU, la nueva disposición incorpora criterios de equivalencia que desdibujan la exigencia legal de experiencia efectiva y verificable en funciones de conducción ejecutiva de alto nivel. La Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU establece, entre otros, el siguiente supuesto de equivalencia:

f) Experiencia ejerciendo labores de asesoría técnica a los miembros de órganos colegiados integrados en su totalidad por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, a razón de dos (2) años de asesoría por un (1) año de experiencia específica requerida.

Recordemos que los asesores técnicos no forman parte de la carrera pública ni acceden por concurso de méritos; se les contrata como “personal de confianza”, lo que significa que su nombramiento (y su cese) depende enteramente de la decisión del congresista, del ministro o del presidente del Poder Judicial que los requiera, sin que exista un proceso de selección externo, abierto o competitivo para esas plazas.

En términos prácticos, esto permite que asesores técnicos del Ejecutivo, Congreso o del Poder Judicial —sin experiencia previa en conducción ejecutiva del sector educación— puedan ser designados como viceministros o secretarios generales del MINEDU.

Sí, lo leíste bien: un asesor de despacho que nunca lideró un equipo de trabajo y que no ha ejecutado presupuesto alguno ahora puede dirigir áreas estratégicas del Ministerio de Educación. Esto convierte puestos estratégicos en fichas de reparto político, bajo la apariencia de una “meritocracia ampliada” que en la práctica desdibuja los estándares que deberían regir la alta dirección educativa.

Han rebajado los estándares técnicos para los cargos de línea, convirtiéndolos de facto en puestos de confianza, dependientes de la lógica de cuotas de poder. A esto se suma el literal siguiente:

g) Experiencia como miembro de directorios, o el que haga sus veces, de las empresas del Estado.

Como si estar sentado en un directorio político valiera lo mismo que ser un servidor público de carrera en el sector Educación.

¿Qué partido político habría ejercido presión para modificar el clasificador de cargos del MINEDU y propiciar la posterior publicación de la Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU?

El 25 de mayo, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló un dato clave: muestra que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, concentra el 37 % de las menciones como la figura con mayor influencia en la gestión de la presidenta Dina Boluarte, muy por encima de Vladimir Cerrón (16 %), César Acuña (15 %), Rafael López Aliaga (6 %) y José Luna Gálvez (2%).

La pregunta es ¿a qué partido le tocará uno de los tres cargos más importantes en el Ministerio de Educación en los próximos meses?, todo indica que Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para El Progreso tendrían la mayor probabilidad de colocar a sus allegados en el Ministerio de Educación.

Y uno se pregunta ¿Hasta cuándo la partidocracia seguirá solicitando su cuota de poder en el Minedu?

El candidato aymara nació en Ilave, Puno (57 años), su perfil presenta contradicciones que lo alejan de las bases populares que dice representar. A pesar de su origen rural y su formación en derechos humanos, Alanoca ha sido percibido como una figura «caviar», término que en el contexto peruano se refiere a aquellos que, desde una posición de privilegio, promueven políticas progresistas sin un compromiso real con las clases populares. Su discurso, aunque cargado de simbolismo indígena, carece de propuestas concretas y se percibe como una repetición de lugares comunes de la izquierda tradicional, sin una conexión auténtica con las necesidades del pueblo.

Además, su vinculación con Verónika Mendoza, líder de Nuevo Perú, refuerza esta imagen de político de élite desconectado de la realidad social. Mendoza, aunque ha sido reconocida por su trabajo en favor de los derechos humanos y la inclusión, también ha sido criticada por su estilo político tecnocrático y por representar una izquierda que, en ocasiones, se percibe más preocupada por su imagen internacional que por los problemas cotidianos de los ciudadanos. La alianza entre Alanoca y Mendoza parece más una estrategia de posicionamiento político que un compromiso genuino con los sectores más desfavorecidos del país.

Algunos lo señalan como el enemigo número uno del expresidente Pedro Castillo, debido a sus constantes críticas hacia el gobierno del exmandatario y su intento de desmarcarse del populismo rural que este representó. Otros lo ven como el alfil de los sectores caviares, alineado con una élite intelectual limeña que busca apropiarse del discurso indígena desde una visión paternalista. Incluso hay quienes lo califican como una copia mal lograda del profesor cajamarquino, intentando replicar su narrativa desde los Andes sin la conexión genuina que Castillo supo construir con los sectores más empobrecidos. Lo cierto es que Vicente Alanoca, con todas sus contradicciones, se presenta como un nuevo aspirante al poder, decidido a llegar a Palacio de Gobierno con una propuesta que todavía genera más dudas que adhesiones.

En resumen, Vicente Alanoca encarna una figura que, a pesar de su discurso inclusivo, se ve atrapada en las contradicciones de una izquierda que, desde sus espacios de confort, busca liderar sin una conexión real con las luchas del pueblo.

PERFIL POLÍTICO

Candidato presidencial de Nuevo Perú Por el Buen Vivir, de Verónika Mendoza.

Militante de Nuevo Perú desde octubre de 2023, luego de ser parte del Partido Descentralista Fuerza Social entre 2010 y 2012.

PERFIL ACADÉMICO

Realizó sus estudios primarios en el colegio José Carlos Mariátegui, Puno.

Antropólogo por la Universidad del Altiplano.

Profesor, licenciado en Educación Secundaria, especialidad Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde el año 2012.

Magister en Lingüística Andina por la Universidad del Altiplano.

Fundador de la Asociación Centro de Investigación y Escuela de Pensamiento Crítico Aymara y de la Revista de Pensamiento Crítico Aymara.

IDEOLOGÍA

Busca una nueva Constitución. No detalló qué cambios se realizarían.

Contrario a Dina Boluarte, calificándola de “farsante”.

«En Lima me ven como el ‘profesor aimara’, pero nuestro país necesita más que tecnócratas».

Reforma a partir de la agricultura, del arte, de la sabiduría; reforma tributaria, atacando a las multinacionales que le deben al Estado.

“Multinacionales saquean los recursos del país”.

Crítico de los estados de emergencia.

Sobre la seguridad ciudadana: reforma de la Policía, Ejército y el sistema judicial.

En uno de los segmentos de Lima Gris Radio se habló de uno de los últimos escándalos acontecidos en el Ministerio de Cultura, por la presunta relación sentimental que mantuviera el ministro Fabricio Valencia con la señora Shirley Hopkins, quien, a pesar de no tener estudios universitarios, a través de ordenes de servicios sería la mejor pagada en el portafolio ubicado en la avenida Javier Prado.

Asimismo, se menciona que tras estos cuestionamientos la permanencia de Valencia Gibaja en el sector Cultura estaba en duda, pero de pronto apareció una nueva Resolución Viceministerial que favorecería a un partido político, el cual, sería Alianza para el Progreso (APP).

Desde Palacio señalan que el ministro tiene el apoyo de la presidenta Dina Boluarte a pesar de los nuevos escándalos que han surgido.